El Ministerio Público a través del fiscal José Domingo Pérez Gómez solicit
ó entre 25 y 35 años de cárcel para cuatro integrantes del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, los mismos que son acusados de haber cometido una serie de delitos durante la protesta por la redistribución del canon minero en el moqueguazo I y II del año pasado.
La denuncia fiscal solicita que se les imponga 35 años de prisión por los presuntos delitos de extorsión, coacción y secuestro de policías, a don Zenón Cuevas Pare, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, comprende además a la dirigente Katherine Maldonado y a Julio Aráoz, asesor legal de dicha organización, así como la ex presidenta regional Cristala Constantinides.
Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Moquegua en los últimos años, sin duda fue la huelga regional denominada “El moqueguazo”. Este hecho trascendental es la lucha del todo el pueblo de Moquegua, porque le fue reconocido a ese pueblo un derecho que les correspondía y la protesta concluyó sin víctimas fatales, como un pueblo pacífico, a pesar de la arremetida del gobierno.
Desde Ilo hasta Sánchez Cerro toda la región en su conjunto, ante la injusticia a un pueblo que aportó ingentes cantidades de dinero al país, durante muchos años a través de sus minas, en esta oportunidad, se mellaba sus legítimos derechos por la injusta distribución del canon minero, no quedando otra salida que luchar en contra del agresor el propio gobierno peruano sordo, hecho que no debe repetirse jamás en ningún pueblo del Perú.
La dignidad moqueguana era el objetivo de toda una región, donde miles de personas salieron de sus casas y la llegada de los hermanos de la parte altoandina para aunarse en la lucha, ante un grito unánime “dignidad para Moquegua” simbolizando al puente Montalvo como mudo testigo de un pueblo que sabe hacer respetar sus derechos.
Por otro lado la actitud del Estado sordo, provocador e ineficaz, ha infringido los derechos económicos totalmente legítimos de Moquegua. Entonces quienes deberían ser denunciados son Alan García, Jorge del Castillo, los funcionarios del Ministerio de Economía y otros involucrados en esta injusta distribución del canon minero los que deben estar en el banquillo de los acusados.
Esta patraña del gobierno, es con el único propósito de seguir aplicando su política económica y social que se expresa a plenitud en las orientaciones de “El síndrome del perro del hortelano”, y a su vez criminalizar las luchas sociales, como la de fue del pueblo de Moquegua. Los mismos que están acompañadas de campañas de persecución y de acoso contra sus dirigentes. Pero lo que debe saber el gobierno es que este pueblo esta preparado y alerta ante cualquier arremetida de sus derechos y sus dirigentes
ó entre 25 y 35 años de cárcel para cuatro integrantes del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, los mismos que son acusados de haber cometido una serie de delitos durante la protesta por la redistribución del canon minero en el moqueguazo I y II del año pasado.La denuncia fiscal solicita que se les imponga 35 años de prisión por los presuntos delitos de extorsión, coacción y secuestro de policías, a don Zenón Cuevas Pare, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, comprende además a la dirigente Katherine Maldonado y a Julio Aráoz, asesor legal de dicha organización, así como la ex presidenta regional Cristala Constantinides.
Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Moquegua en los últimos años, sin duda fue la huelga regional denominada “El moqueguazo”. Este hecho trascendental es la lucha del todo el pueblo de Moquegua, porque le fue reconocido a ese pueblo un derecho que les correspondía y la protesta concluyó sin víctimas fatales, como un pueblo pacífico, a pesar de la arremetida del gobierno.
Desde Ilo hasta Sánchez Cerro toda la región en su conjunto, ante la injusticia a un pueblo que aportó ingentes cantidades de dinero al país, durante muchos años a través de sus minas, en esta oportunidad, se mellaba sus legítimos derechos por la injusta distribución del canon minero, no quedando otra salida que luchar en contra del agresor el propio gobierno peruano sordo, hecho que no debe repetirse jamás en ningún pueblo del Perú.
La dignidad moqueguana era el objetivo de toda una región, donde miles de personas salieron de sus casas y la llegada de los hermanos de la parte altoandina para aunarse en la lucha, ante un grito unánime “dignidad para Moquegua” simbolizando al puente Montalvo como mudo testigo de un pueblo que sabe hacer respetar sus derechos.
Por otro lado la actitud del Estado sordo, provocador e ineficaz, ha infringido los derechos económicos totalmente legítimos de Moquegua. Entonces quienes deberían ser denunciados son Alan García, Jorge del Castillo, los funcionarios del Ministerio de Economía y otros involucrados en esta injusta distribución del canon minero los que deben estar en el banquillo de los acusados.
Esta patraña del gobierno, es con el único propósito de seguir aplicando su política económica y social que se expresa a plenitud en las orientaciones de “El síndrome del perro del hortelano”, y a su vez criminalizar las luchas sociales, como la de fue del pueblo de Moquegua. Los mismos que están acompañadas de campañas de persecución y de acoso contra sus dirigentes. Pero lo que debe saber el gobierno es que este pueblo esta preparado y alerta ante cualquier arremetida de sus derechos y sus dirigentes
No hay comentarios:
Publicar un comentario